Los negacionistas lo tienen crudo: frente al escepticismo y las dudas que habían suscitado sendos errores de la comunidad científica, los informes más recientes corroboran el acierto de las proyecciones del Panel Intergubernamental para el estudio del Cambio Climático, en el sentido de que de proseguir el incremento de gases de efecto invernadero el clima de este siglo sufrirá embates muy serios.
El “glaciargate” había anticipado la extinción de los glaciares del Himalaya al año 2035; se trataba de un error puntual que para nada invalida la tendencia demostrada del retroceso generalizado de los hielos a ritmo más rápido que nunca en la historia conocida de la Tierra.
Tampoco la filtración de una conversación privada entre científicos de la Universidad de East Anglia echa por tierra la evidencia del calentamiento con responsabilidad antrópica, como ha venido a corroborar la revista Nature.
Por desgracia, el último Informe de la Red Climática CLIVAR (Climate Variability and Predictability) es demoledor para los escenarios de nuestro país. España registra un
aumento progresivo medio de sus temperaturas de 0,5°C por década desde 1975, un incremento un 50% superior a la media de los países del hemisferio norte. Los científicos prevén para el final del siglo XXI un aumento de las medias estacionales de 6°C en verano y de 2-3° C en invierno, así como una reducción del nivel de las precipitaciones de hasta el 30% en primavera. Una situación que la secretaria de Estado para el Cambio Climático, Teresa Ribera, calificó de impresionante. El territorio español va a sufrir un proceso de africanización de su clima tal que amenaza la sostenibilidad de recursos básicos como la agricultura, el turismo y el aprovisionamiento de agua. La década 2000-2009 es la más calurosa desde que la Organización Meteorológica Mundial tiene registros, lo que confirma el calentamiento.
A pesar de las reducciones en las emisiones de gases de efecto invernadero en 2008 y 2009 en España, coincidiendo con la crisis económica, nuestro país sigue superando los límites del protocolo de Kioto en más del 40% respecto al año base de 1990: nada de lo que podamos sentirnos satisfechos. Las más de 400 millones de toneladas emitidas cada año suponen además una sangría económica, aunque el precio de la tonelada de CO2 fluctúe, España tendrá que pagar entre 2.500 y 3.000 millones de euros para compensar sus excesos de emisión.
El Cambio Climático representa una amenaza impresionante para servicios ecosistémicos vitales como el agua limpia y los suelos fértiles, que sustentan nuestra calidad de vida y nuestra economía. No sabemos a ciencia cierta cómo afectará realmente el Cambio Climático a la biodiversidad, de la que este año celebramos su trascendencia. Lo que sí sabemos es que si queremos proteger nuestro planeta, debemos hacer lo posible para frenar tanto la pérdida de biodiversidad como el Cambio Climático.
Los servicios ecosistémicos que nos ayudan a limitar el Cambio Climático, como la absorción del CO2 de la atmósfera por los océanos y los bosques, están seriamente amenazados. Los montes españoles almacenan alrededor de 3.200 millones de toneladas de CO2, con una tasa anual de fijación de 83 millones de toneladas; eso representa el 20 % de las emisiones totales de España y su continuidad está en peligro. No obstante, los sumideros más intensos de CO2 no son los bosques ecuatoriales, sino los hábitats costeros, como manglares, marismas y praderas submarinas, todos ellos amenazados y perdiéndose a una velocidad entre 2 y 10 veces más rápida que las selvas.
El Instituto Español de Oceanografía de Vigo ha medido también ascensos en la temperatura de las aguas y descensos en el pH que amenazan el marisqueo en Galicia.
La Agencia Catalana del Agua ya ha previsto para Cataluña disminución de las precipitaciones, aumento de temperatura y reducciones en las reservas de agua que en 20 años serán del 5%.
El reciente Congreso sobre Migraciones de Aves y Cambio Climático de Algeciras ha evidenciado que las aves han desplazado sus áreas de distribución hacia el norte y que, al adelantar su época de cría, no encuentran en esas fechas orugas e insectos para alimentarse.
La adaptación al Cambio Climático implica evaluar y hacer frente a la vulnerabilidad de los sistemas naturales y humanos a impactos tales como inundaciones, sequías, elevación del nivel del mar, enfermedades y olas de calor.
Los científicos han enunciado un índice de velocidad del Cambio Climático para determinar la velocidad a la que tienen que desplazarse las especies durante este siglo para adaptarse al aumento de temperatura: S. R. Loarie la ha cifrado en 420 metros por año. No seremos los más afortunados con esta variabilidad climática; de hecho, Gran Bretaña y Escandinavia se están preparando para acoger los viñedos que las resecas y recalentadas tierras ibéricas no serán capaces ya de albergar.
El 7º programa Marco de Investigación de la Comisión Europea cuenta con casi 10.000 millones de € para investigación en materia de Cambio Climático y ya hay documentos para saber qué hacer en los campos de la agricultura, el agua, el litoral y los mares y la sanidad. Pero mientras las emisiones mundiales de CO2 rebasen los 40.000 millones de toneladas cada año y la concentración de CO2 siga subiendo (390 partes por millón este año), el Cambio Climático seguirá actuando como multiplicador de amenazas.
Como lúcidamente advierte la Agencia Europea de Medio Ambiente:
“La biodiversidad está desapareciendo a una velocidad alarmante, fundamentalmente porque hemos abusado de la naturaleza para mantener la producción, el consumo y el comercio en la economía globalizada. Como no hemos logrado asignar un valor al capital natural, el precio de los árboles y los bosques, del agua, del suelo y del aire es muy bajo o inexistente”.
Sí es cierto que tanto el gobierno español como , en nuestro caso, el andaluz cuentan con documentos y planes de “Adaptación” para el Cambio Climático. ¿Cuál es nuestra crítica? Que son documentos con un excesivo margen de generalidad, que en muchos aspectos no pasan del ámbito del borrador y que, como viene siendo habitual, la participación social y el debate ciudadano suscitado ha sido escuálido.
La ministra de Medio Ambiente podrá asegurar que:
”El Plan es concebido como un proceso continuo que orienta y compromete a administraciones públicas, empresas y actores sociales en un esfuerzo común. El éxito del Plan requiere, por tanto, que sus objetivos, sus progresos y sus resultados sean difundidos, evaluados e incorporados de forma efectiva por los distintos interesados: administraciones, organizaciones y sociedad en general”.
Porque el grado de conocimiento de administraciones y administrados de este Plan Nacional de Adaptación es bien escaso. Estos son los sectores más amenazados por las incertidumbres del Cambio Climático:
¿De verdad están informados y preparados todos ellos para afrontar costosos y necesarios cambios para prepararse a salir a flote en un clima cada vez más árido y seco? La impresión en cambio es que actuamos como la orquesta del Titanic, impertérrita aun cuando el barco se iba a pique.
El Plan de Adaptación de Andalucía identifica 6 “áreas de acción” para implantar medidas que atenúen los efectos del C.C.:
En realidad, de nuevo nos topamos no con “medidas” sino con “orientaciones” u “objetivos”, que en muchos casos no pasan la frontera de las meras generalidades.
La “gestión de los procesos de sequía”, ¿es continuar apostando por los campos de golf o seguir sin repercutir costes en precios en el consumo agrícola?
Los “modelos de gestión metropolitana”, ¿son los desarrollos urbanísticos segregados que muchos municipios andaluces reclaman en sus nuevos planes de ordenación urbana?
Vivimos momentos difíciles por la inacción de muchos gobiernos y su falta de compromiso para enfrentarse al problema del Cambio Climático. La cumbre de Copenhague es la penúltima muestra de este impasse. Como revelaba la pancarta de Greenpeace antes de ser arrancada: los políticos (solo) hablan, los líderes actúan. Estados Unidos no sólo ha sido una rémora a la hora de adquirir compromisos de reducción, sino que ahora amenaza con retener la ayuda financiera para la lucha contra el Cambio Climático a los países que no han apoyado el acuerdo pírrico y sin verificaciones de Copenhague (por ejemplo, 3 millones de dólares para Bolivia y 2,5 millones para Ecuador). El texto no contenía acuerdos vinculantes para recortar las emisiones de gases de efecto invernadero y algunos países rechazaron suscribirlo, al considerar que era necesario un acuerdo mucho más justo y ambicioso.
El paradigma del decrecimiento sostenible que los ecologistas defendemos tiene una plasmación evidente en las emisiones de GEI (Gases de Efecto Invernadero) que causan el problema del C.C.: sin compromisos y resultados reales de reducción de emisiones, el clima y el planeta enfilan un futuro no deseable.
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