INTERVENCIÓN EN EL PLENO:
Desde EQUO ya
hicimos un posicionamiento ante el Decreto 2/2012, de regularización
de viviendas en suelo no urbanizable, en el Pleno del pasado mes de
febrero. En aquella ocasión votamos en contra y en esta vamos a
reiterarnos. Primero voy a hablar un poco del Decreto y ya luego
entro en la propuesta concreta que se trae aquí hoy.
Al tratar la grave
problemática de la proliferación de viviendas ilegales, nos
encontramos casuísticas muy diferentes. La vinculación a las zonas
rurales de muchas familias, la falta de viviendas sociales y precios
asequibles, la apetencia de unifamiliares aisladas o de segunda
residencia o la pura especulación. Hay viviendas aisladas en el
medio rural, viviendas diseminadas en suelo agrícola productivo,
ligadas a vivienda de hortelanos, urbanizaciones donde domina la
segunda residencia en el medio rural, en parques naturales y en las
costas y viviendas ubicadas en situaciones de riesgo ante desastres
naturales anunciados.
Ante esta
situación cabe preguntarse cómo una sociedad democrática y con
estado de derecho ha propiciado, consentido, hecho la vista gorda o
favorecido esta situación de ilegalidad, que crea agravio
comparativo con quiénes actúan dentro de la legalidad. Es preciso
delimitar la corresponsabilidad público-privada de esta situación y
es necesario que sean asumidas como punto de partida para tratar este
conflicto. Nada de esto se percibe sin embargo en el decreto en el
que se sustenta la propuesta que se trae aquí hoy. Y la razón es
obvia. La principal responsable política de esta situación es la
propia Junta de Andalucía, que tiene competencias urbanísticas y de
ordenación del territorio desde 1984. Y en este caso la
responsabilidad es nítidamente del PSOE, partido que ha gobernado la
Junta de Andalucía desde su inicio. Responsabilidad compartida por
los municipios en los que han surgido las urbanizaciones ilegales,
gobernados, ahora sí, por un amplio espectro de partidos políticos
de todos los colores.
Los impactos
debidos a este modelo de ciudad extensivo son diversos. Agudización
de los problemas de la movilidad urbana y la dependencia del vehículo
motorizado para los desplazamientos, el encarecimiento de los
servicios urbanos, los incrementos en los consumos de agua, o los de
contaminación de los acuíferos por las infiltraciones de las aguas
fecales de este tipo de edificaciones, carentes de cualquier sistema
de tratamiento de vertidos, etc.
Todos estos
problemas generan unos costes enormes a las administraciones
públicas, especialmente la local. Las ciudades con un amplio número
de viviendas ilegales, a la postre se convierten en ciudades muy
caras para vivir. Por el coste que tiene dotarlas de servicios.
Y hablando de
costes es cuando llegamos al nudo gordiano de este asunto. Los costes
de urbanización de estas zonas. A los que de forma populista no hace
referencia la propuesta que se trae aquí hoy. Y tampoco en prensa
vimos referencia alguna. Para no llevar al error a algunos y a la
indignación a otros aclaramos que el Decreto dice expresamente que
“su regularización no puede suponer costo alguno para la
administración, por lo que el costo de la urbanización, la
implantación de las infraestructuras y demás deberes urbanísticos
deben ser soportados por las personas titulares de los terrenos en
cada asentamiento urbanístico”. Independientemente de esto, a
parte de los costes de urbanización el hecho de la legalización de
las viviendas implicará otros servicios y obligaciones de los que el
Ayuntamiento deberá hacerse cargo, a costa de toda la ciudadanía
por supuesto, incluyendo los que han construido su casa legalmente.
Desde nuestro
grupo entendemos que ante este conflicto los propietarios y
propietarias afectadas quieran que se les reconozca los impuestos de
diversa índole que han ido pagando a lo largo de estos años sin
tener la contraparte de unos servicios mínimos, pero en cualquier
caso para EQUO este problema debe solucionarse partiendo de la
premisa de que construir ilegalmente no puede ser más barato que
construir legalmente, más bien debería ocurrir todo lo contrario.
Desde EQUO
entendemos la dificultad del acceso a la vivienda y la necesidad de
resolver la situación de muchas personas propietarias históricas
que llevan así mucho tiempo. Además del valor que supone el arraigo
a zonas agrícolas de muchas familias que llevan años trabajando la
tierra y dinamizando así el mundo rural.
Pero por otra
parte, esta suerte de amnistía casi generalizada que supone el
Decreto de la Junta, puede provocar la normal indignación de los
ciudadanos y ciudadanas que han comprado sus viviendas construidas
legalmente y que ven como se abre la puerta a la legalización y el
reconocimiento de quiénes han adquirido viviendas más baratas, por
haberse evitado los costes que supone la construcción legal
(proyectos, licencias, obras de urbanización, cesión de suelo para
espacios públicos y equipamientos, cesiones de aprovechamiento para
creación de patrimonio público de suelo en el que hacer promociones
de viviendas de interés social). Esto crea una situación de agravio
comparativo, y puede ser corrosivo para el futuro dado que crea un
precedente.
Tanto el Decreto
de la Junta como la propuesta que trae aquí el Gobierno municipal se
construyen bajo una visión populista de esta problemática. Se parte
de un punto de vista en el que lo único que debe hacer la
administración es trabajar por la legalización de las
edificaciones. Frente a lo que se debería hacer realmente, aplicar
una visión más legalista, más justa y más razonable de reparación
del daño y de sostenibilidad en la Ordenación del Territorio. Se
trata de tener en cuenta unos principios elementales de diseño
urbano, como se lleva un coche de policía, un camión de la basura o
un autobús de escolares de una punta a otra del término municipal.
Como resolvemos los problemas derivados de esta política de
regularización masiva.
Y por si no fuera
poco, el Decreto 2/2012 de la Junta legitima que la edificación
ilegal se convierta en una mercancía. Y desde EQUO tenemos muy claro
que hay que diferenciar entre el derecho de uso y el derecho de
propiedad. Es decir, una cosa es que no se derribe una casa para que
una familia no se quede en la calle y otra bien distinta es construir
ilegalmente y luego especular y hacer negocio con la edificación
construida.
Para terminar las
puntualizaciones sobre el Decreto, comentar que para garantizar el
acceso a la vivienda y no empujar a una parte de la ciudadanía al
urbanismo ilegal, son necesarias políticas de las administraciones
públicas –Ayuntamientos y Junta de Andalucía- que garanticen el
derecho constitucional a una vivienda digna de todos los ciudadanos y
ciudadanas, en base a la construcción de la vivienda protegida que
demande la población, a viviendas sociales para las rentas más
bajas, a viviendas para jóvenes en régimen de bajo alquiler, y
destinando suelos públicos a planes racionales de autoconstrucción
en terrenos urbanizados y con los servicios y equipamientos
necesarios. Pero lo que no se debe hacer nunca optar por la
permisividad ante las edificaciones ilegales, pues el desastre
urbanístico está garantizado.
En lo que
referente a la propuesta que se trae hoy a Pleno, bajo nuestro punto
de vista si debería ser necesario el Avance que se pretende eludir
en la propuesta de acuerdo. Consideramos que lo estudiado en el PGOU
sobre el diseminado no es suficiente. Pensamos que para afrontar el
problema de las viviendas ilegales hay que tener mucha más
información. No es lo mismo que la edificación tenga licencia a que
no la tenga, no es lo mismo que una primera vivienda que una segunda
residencia, no es lo mismo una construcción ligada a una actividad
agropecuaria que un chalet con piscina. Por tanto bajo nuestro punto
de vista sí debería hacerse el Avance planteado en el Decreto, para
hacer una radiografía pormenorizada de la situación de las
distintas viviendas ilegales que existen en nuestro término
municipal, y actuar en función de cada una de estas circunstancias.
Tampoco estamos de
acuerdo en la consideración de las edificaciones en el suelo no
urbanizable no delimitadas en el PGOU como edificaciones aisladas.
Creemos que es más apropiado que se consideren en conjunto, ya sea
como Asentamientos urbanísticos o como Hábitat rural diseminado, ya
que la consideración de las edificaciones en agrupación conlleva
mayor compromiso para los propietarios, lo que es más beneficioso de
cara a una mejor ordenación del territorio.
Por otra parte,
suponemos que de forma interesada no se hace ninguna referencia a los
casos de edificaciones disconformes con el ordenamiento vigente, de
las que no existe prescripción de la infracción urbanística y
sujetas por tanto al régimen de restablecimiento de la legalidad
urbanística. Están haciendo una aplicación selectiva y populista
de lo planteado en este Decreto y en la legislación urbanística.
Estos casos serán los menos pero existen.
Es posible que
usted ahora intente generalizar mi discurso con esto último que he
dicho y diga que lo que queremos es que se derribe todo. Nada más
lejos de la realidad, entre otras cosas porque esto no se puede hacer
al haber prescrito el delito en la mayor parte de los casos. Nosotros
lo que queremos es que se afronte esta problemática y se solucione
desde una visión diferente, que se hagan las cosas bien, que no
cometamos la irresponsabilidad política de dejar como legado a las
futuras generaciones una ciudad que no se pueda gestionar por haber
crecido sin ningún tipo de ordenación. Porque el problema no es
sólo este primer conjunto de edificaciones ilegales regularizadas,
el problema es la sensación que se le queda a la ciudadanía cuando
se da cuenta que puede construir ilegalmente con tranquilidad que
tarde o temprano lo legalizarán. Porque aunque este Decreto no sea
aplicable a viviendas de nueva planta nada impide, bajo este
precedente, que se pueda aprobar otro Decreto similar en el futuro.
Desde las
administraciones habría que construir un mensaje claro a la
ciudadanía de que no se puede construir ilegalmente. Pero se está
haciendo todo lo contrario.
Finalmente desde
EQUO no queremos que quede el mensaje de que nuestro grupo no quiere
que se resuelva esta problemática. Lo que queremos es que se
resuelva bien. Bajo unos principios de justicia y de sostenibilidad
territorial. Y este decreto que aprobó la Junta de Andalucía y en
el que se apoya la resolución que trae aquí el Gobierno Municipal
del Partido Andalucista se apoya sólo en unos principios de
populismo e irresponsabilidad.
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