EQUO va a votar en contra de esta propuesta del PSOE. Y vamos a votar en contra porque no vamos a participar de esta escenificación electoralista del Partido Socialista, desesperado ante los malos pronósticos de cara a las elecciones autonómicas.
Es una propuesta redundante, pues si el Decreto aprobado a nivel andaluz obliga a plantear las ordenanzas a las que se refiere en la moción, ¿para que necesitamos aprobar este acuerdo? Los representantes del PSOE en esta Corporación hablan de urgencia, pero después de tantos años y a estas alturas la única urgencia que vemos nosotros es la electoral que tienen los socialistas.
Al tratar la grave problemática de la proliferación de viviendas ilegales, nos encontramos casuísticas muy diferentes. La vinculación a las zonas rurales de muchas familias, la falta de viviendas sociales y precios asequibles, la apetencia de unifamiliares aisladas o de segunda residencia o a la pura especulación. Hay viviendas aisladas en el medio rural, viviendas diseminadas en suelo agrícola productivo, ligadas a vivienda de hortelanos, urbanizaciones donde domina la segunda residencia en el medio rural, en parques naturales y en las costas y viviendas ubicadas en situaciones de riesgo ante desastres naturales anunciados.
Ante esta situación cabe preguntarse cómo una sociedad democrática y con estado de derecho ha propiciado, consentido, hecho la vista gorda o favorecido esta situación de ilegalidad que crea agravio comparativo con quiénes actúan dentro de la legalidad. Es preciso delimitar la corresponsabilidad público-privada de esta situación y es necesario que sean asumidas como punto de partida para tratar este conflicto. Nada de esto se percibe sin embargo en el decreto que viene a apoyar la propuesta que se trae hoy aquí. Y la razón es obvia. La principal responsable política de esta situación es la propia Junta de Andalucía, que tiene competencias urbanísticas y de ordenación del territorio desde 1984. Y en este caso la responsabilidad es nítidamente del PSOE, partido que ha gobernado la Junta de Andalucía desde su inicio. Responsabilidad compartida por los municipios en los que han surgido las urbanizaciones ilegales, gobernados, ahora sí, por un amplio espectro de partidos políticos de todos los colores.
Los impactos debidos a este modelo de ciudad extensivo son diversos. Agudización de los problemas de la movilidad urbana y la dependencia del vehículo motorizado para los desplazamientos, el encarecimiento de los servicios urbanos, los incrementos en los consumos de agua, o los de contaminación de los acuíferos por las infiltraciones de las aguas fecales de este tipo de edificaciones, carentes de cualquier sistema de tratamiento de vertidos, etc.
Todos estos problemas generan unos costes enormes a las administraciones públicas, especialmente la local. Las ciudades con un amplio número de viviendas ilegales, a la postre se convierten en ciudades muy caras para vivir. Por el coste que tiene dotarlas de servicios.
Y hablando de costes es cuando llegamos al nudo gordiano de este asunto. Los costes de urbanización de estas zonas. A los que de forma populista no hace referencia la propuesta que trae aquí el PSOE (aunque el Decreto si los adjudica a los propietarios) y que son la verdadera clave de todo este asunto. Nuestro grupo ante este conflicto entiende que los propietarios y propietarias afectadas quieran que se les reconozca los impuestos de diversa índole que han ido pagando a lo largo de estos años sin tener la contraparte de unos servicios mínimos, pero en cualquier caso para EQUO este problema debería solucionarse partiendo de la premisa de que construir ilegalmente no puede ser más barato que construir legalmente.
Desde EQUO entendemos la dificultad del acceso a la vivienda y la necesidad de resolver la situación de muchas personas propietarias históricas que llevan así mucho tiempo. Además del valor que supone el arraigo a zonas agrícolas de muchas familias que llevan años trabajando la tierra y dinamizando así el mundo rural.
Pero por otra parte, esta suerte de amnistía generalizada que supone el decreto de la Junta, puede provocar la normal indignación de los ciudadanos y ciudadanas que han comprado sus viviendas construidas legalmente y que ven como se abre la puerta a la legalización y el reconocimiento de quiénes han comprado viviendas más baratas, por haberse evitado los costes que supone la construcción legal (proyectos, licencias, obras de urbanización, cesión de suelo para espacios públicos y equipamientos, cesiones de aprovechamiento para creación de patrimonio público de suelo en el que hacer promociones de viviendas de interés social). Esto crea una situación de agravio comparativo y puede ser corrosivo para el futuro dado que crea un precedente.
Por otra parte creemos que para garantizar el acceso a la vivienda y no empujar a una parte de la ciudadanía al urbanismo ilegal, son necesarias políticas de las administraciones públicas –Ayuntamientos y Junta de Andalucía- que garanticen el derecho constitucional a una vivienda digna de todos los ciudadanos y ciudadanas, en base a la construcción de la vivienda protegida que demande la población, a viviendas sociales para las rentas más bajas, a viviendas para jóvenes en régimen de bajo alquiler con opción a compra, y destinando suelos públicos a planes racionales de autoconstrucción en terrenos urbanizados y con los servicios y equipamientos necesarios.
Para terminar, nuestro grupo considera que un tema tan sensible como éste no debe tratarse con la celeridad impuesta por las urgencias electorales del Partido Socialista. Pensamos que sólo se puede solucionar en el marco de un debate público transparente y sosegado, en un proceso participativo que busque soluciones al problema, diferenciando milimétricamente según las situaciones, basándose en principios de transparencia, de igualdad de toda la ciudadanía ante la ley y de protección de los suelos de interés productivo agrícola o forestal, paisajístico o natural.
Independientemente del punto que estamos tratando aquí hoy, que tendrá nuestro voto en contra, creemos que lo más sensato sería paralizar el decreto al que hace referencia, dado que nos encontramos al final de una legislatura, y esperar a que un nuevo Parlamento, confiemos que verdaderamente renovado, es decir, alejado del bipartidismo, pueda acometer este tema con mayor legitimidad.
Es una propuesta redundante, pues si el Decreto aprobado a nivel andaluz obliga a plantear las ordenanzas a las que se refiere en la moción, ¿para que necesitamos aprobar este acuerdo? Los representantes del PSOE en esta Corporación hablan de urgencia, pero después de tantos años y a estas alturas la única urgencia que vemos nosotros es la electoral que tienen los socialistas.
Al tratar la grave problemática de la proliferación de viviendas ilegales, nos encontramos casuísticas muy diferentes. La vinculación a las zonas rurales de muchas familias, la falta de viviendas sociales y precios asequibles, la apetencia de unifamiliares aisladas o de segunda residencia o a la pura especulación. Hay viviendas aisladas en el medio rural, viviendas diseminadas en suelo agrícola productivo, ligadas a vivienda de hortelanos, urbanizaciones donde domina la segunda residencia en el medio rural, en parques naturales y en las costas y viviendas ubicadas en situaciones de riesgo ante desastres naturales anunciados.
Ante esta situación cabe preguntarse cómo una sociedad democrática y con estado de derecho ha propiciado, consentido, hecho la vista gorda o favorecido esta situación de ilegalidad que crea agravio comparativo con quiénes actúan dentro de la legalidad. Es preciso delimitar la corresponsabilidad público-privada de esta situación y es necesario que sean asumidas como punto de partida para tratar este conflicto. Nada de esto se percibe sin embargo en el decreto que viene a apoyar la propuesta que se trae hoy aquí. Y la razón es obvia. La principal responsable política de esta situación es la propia Junta de Andalucía, que tiene competencias urbanísticas y de ordenación del territorio desde 1984. Y en este caso la responsabilidad es nítidamente del PSOE, partido que ha gobernado la Junta de Andalucía desde su inicio. Responsabilidad compartida por los municipios en los que han surgido las urbanizaciones ilegales, gobernados, ahora sí, por un amplio espectro de partidos políticos de todos los colores.
Los impactos debidos a este modelo de ciudad extensivo son diversos. Agudización de los problemas de la movilidad urbana y la dependencia del vehículo motorizado para los desplazamientos, el encarecimiento de los servicios urbanos, los incrementos en los consumos de agua, o los de contaminación de los acuíferos por las infiltraciones de las aguas fecales de este tipo de edificaciones, carentes de cualquier sistema de tratamiento de vertidos, etc.
Todos estos problemas generan unos costes enormes a las administraciones públicas, especialmente la local. Las ciudades con un amplio número de viviendas ilegales, a la postre se convierten en ciudades muy caras para vivir. Por el coste que tiene dotarlas de servicios.
Y hablando de costes es cuando llegamos al nudo gordiano de este asunto. Los costes de urbanización de estas zonas. A los que de forma populista no hace referencia la propuesta que trae aquí el PSOE (aunque el Decreto si los adjudica a los propietarios) y que son la verdadera clave de todo este asunto. Nuestro grupo ante este conflicto entiende que los propietarios y propietarias afectadas quieran que se les reconozca los impuestos de diversa índole que han ido pagando a lo largo de estos años sin tener la contraparte de unos servicios mínimos, pero en cualquier caso para EQUO este problema debería solucionarse partiendo de la premisa de que construir ilegalmente no puede ser más barato que construir legalmente.
Desde EQUO entendemos la dificultad del acceso a la vivienda y la necesidad de resolver la situación de muchas personas propietarias históricas que llevan así mucho tiempo. Además del valor que supone el arraigo a zonas agrícolas de muchas familias que llevan años trabajando la tierra y dinamizando así el mundo rural.
Pero por otra parte, esta suerte de amnistía generalizada que supone el decreto de la Junta, puede provocar la normal indignación de los ciudadanos y ciudadanas que han comprado sus viviendas construidas legalmente y que ven como se abre la puerta a la legalización y el reconocimiento de quiénes han comprado viviendas más baratas, por haberse evitado los costes que supone la construcción legal (proyectos, licencias, obras de urbanización, cesión de suelo para espacios públicos y equipamientos, cesiones de aprovechamiento para creación de patrimonio público de suelo en el que hacer promociones de viviendas de interés social). Esto crea una situación de agravio comparativo y puede ser corrosivo para el futuro dado que crea un precedente.
Por otra parte creemos que para garantizar el acceso a la vivienda y no empujar a una parte de la ciudadanía al urbanismo ilegal, son necesarias políticas de las administraciones públicas –Ayuntamientos y Junta de Andalucía- que garanticen el derecho constitucional a una vivienda digna de todos los ciudadanos y ciudadanas, en base a la construcción de la vivienda protegida que demande la población, a viviendas sociales para las rentas más bajas, a viviendas para jóvenes en régimen de bajo alquiler con opción a compra, y destinando suelos públicos a planes racionales de autoconstrucción en terrenos urbanizados y con los servicios y equipamientos necesarios.
Para terminar, nuestro grupo considera que un tema tan sensible como éste no debe tratarse con la celeridad impuesta por las urgencias electorales del Partido Socialista. Pensamos que sólo se puede solucionar en el marco de un debate público transparente y sosegado, en un proceso participativo que busque soluciones al problema, diferenciando milimétricamente según las situaciones, basándose en principios de transparencia, de igualdad de toda la ciudadanía ante la ley y de protección de los suelos de interés productivo agrícola o forestal, paisajístico o natural.
Independientemente del punto que estamos tratando aquí hoy, que tendrá nuestro voto en contra, creemos que lo más sensato sería paralizar el decreto al que hace referencia, dado que nos encontramos al final de una legislatura, y esperar a que un nuevo Parlamento, confiemos que verdaderamente renovado, es decir, alejado del bipartidismo, pueda acometer este tema con mayor legitimidad.
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